El pasado día 9 de mayo se firmó en Moncloa el llamado “Acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo”. Lo primero que se debe decir del documento es que sus redactores no han tenido éxito en hacer una pieza fácilmente legible y entendible. Dejando aparte la posible complejidad del tema, no es con una redacción abstrusa como se mejora la calidad del contenido y la facilidad de comprensión.
Dicho lo anterior y entrando en el análisis del mismo, se detecta un claro intento de convertirlo en un manifiesto demostrativo del talante social, avanzado, del ejecutivo a la vez que su interés por el incremento productivo y desarrollo industrial de España. Como se comprenderá, esta mezcla no puede dar resultados halagüeños y ha quedado en un documento a medias de todo, es decir como un mal portero que se queda a media salida ante el delantero contrario.
Cuatro son los elementos del acuerdo: medidas dirigidas a impulsar y apoyar el empleo, la contratación indefinida y la conversión de empleo temporal en fijo, mediante bonificaciones para crear contratos indefinidos y reducción de las cotizaciones empresariales al Fondo de Garantía Salarial. En segundo lugar, medidas para evitar la utilización sucesiva de contratos temporales ( lo que se conoce por encadenamiento de contratos), así como introducir mayor transparencia en la subcontratación de obras y servicios entre empresas cuando comparten un mismo centro de trabajo. Para ello se potenciará la Inspección de Trabajo y la de la Seguridad Social.En tercer lugar se adoptan Políticas Activas y medidas para potenciar la capacidad de actuación del Sistema Nacional de Empleo, así como para mejorar la protección de los trabajadores frente al desempleo y mejorando las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial. Con todo ello se intenta “mejorar la productividad del trabajo y la competitividad empresarial”.
La realidad es que nos encontramos ante un Acuerdo socialdemócrata, con medidas que, en unos casos como el del mencionado encadenamiento de contratos, son adecuadas, pero en otros son un mero intento de equilibrio entre una mayor protección a los trabajadores y reducción de costes empresariales. Pero como ambas medidas en conjunto son imposibles, lo pagará el contribuyente, es decir los trabajadores sujetos a nómina vía aportaciones al paro u otras. Las bonificaciones a la contratación indefinida, tales como 850€ a las mujeres desempleadas o victimas de violencia de género durante cuatro años, los 1200€ durante toda la vigencia del contrato para trabajadores mayores de 45 años, o los 800€ a la contratación de jóvenes entre 16 y 30 años, etc. alguien lo tendrá que pagar, así como la rebaja en las cotizaciones empresariales por desempleo de los contratos indefinidos hasta alcanzar una rebaja total de 0,50 puntos, o la rebaja en la cotización empresarial al FOGASA al 0,2 % es dinero que tiene que salir del algún lado. Igual que el incremento de aportaciones del FOGASA a desempleados, incluidos fijos discontinuos, o la ampliación del número de Inspectores de Trabajo, por no hablar del mayor control de la Organizaciones Sindicales CC.OO y UGT en el Grupo de Trabajo Tripartito, o en la definición de los objetivos y programas del acuerdo.
Las dos centrales están encantadas así como la patronal. ¿Cómo es posible que ambos puedan coincidir?, muy sencillo, los primeros obtienen réditos sindicales tanto en el aspecto ideológico, “defensa de los trabajadores” y en el práctico, mayor control político en las actuaciones de la Administración, así como medios económicos vía formación entre otros. Los empresarios, anclados en su mayoría en un pensamiento estatalista en el sentido de que el “papá” estado pague, no les importa engordar plantillas ineficaces a cambio de subvenciones. Y Ud. y yo, querido ciudadano, preparemos nuestros bolsillos para mantener mayor ineficacia.
Dicho lo anterior y entrando en el análisis del mismo, se detecta un claro intento de convertirlo en un manifiesto demostrativo del talante social, avanzado, del ejecutivo a la vez que su interés por el incremento productivo y desarrollo industrial de España. Como se comprenderá, esta mezcla no puede dar resultados halagüeños y ha quedado en un documento a medias de todo, es decir como un mal portero que se queda a media salida ante el delantero contrario.
Cuatro son los elementos del acuerdo: medidas dirigidas a impulsar y apoyar el empleo, la contratación indefinida y la conversión de empleo temporal en fijo, mediante bonificaciones para crear contratos indefinidos y reducción de las cotizaciones empresariales al Fondo de Garantía Salarial. En segundo lugar, medidas para evitar la utilización sucesiva de contratos temporales ( lo que se conoce por encadenamiento de contratos), así como introducir mayor transparencia en la subcontratación de obras y servicios entre empresas cuando comparten un mismo centro de trabajo. Para ello se potenciará la Inspección de Trabajo y la de la Seguridad Social.En tercer lugar se adoptan Políticas Activas y medidas para potenciar la capacidad de actuación del Sistema Nacional de Empleo, así como para mejorar la protección de los trabajadores frente al desempleo y mejorando las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial. Con todo ello se intenta “mejorar la productividad del trabajo y la competitividad empresarial”.
La realidad es que nos encontramos ante un Acuerdo socialdemócrata, con medidas que, en unos casos como el del mencionado encadenamiento de contratos, son adecuadas, pero en otros son un mero intento de equilibrio entre una mayor protección a los trabajadores y reducción de costes empresariales. Pero como ambas medidas en conjunto son imposibles, lo pagará el contribuyente, es decir los trabajadores sujetos a nómina vía aportaciones al paro u otras. Las bonificaciones a la contratación indefinida, tales como 850€ a las mujeres desempleadas o victimas de violencia de género durante cuatro años, los 1200€ durante toda la vigencia del contrato para trabajadores mayores de 45 años, o los 800€ a la contratación de jóvenes entre 16 y 30 años, etc. alguien lo tendrá que pagar, así como la rebaja en las cotizaciones empresariales por desempleo de los contratos indefinidos hasta alcanzar una rebaja total de 0,50 puntos, o la rebaja en la cotización empresarial al FOGASA al 0,2 % es dinero que tiene que salir del algún lado. Igual que el incremento de aportaciones del FOGASA a desempleados, incluidos fijos discontinuos, o la ampliación del número de Inspectores de Trabajo, por no hablar del mayor control de la Organizaciones Sindicales CC.OO y UGT en el Grupo de Trabajo Tripartito, o en la definición de los objetivos y programas del acuerdo.
Las dos centrales están encantadas así como la patronal. ¿Cómo es posible que ambos puedan coincidir?, muy sencillo, los primeros obtienen réditos sindicales tanto en el aspecto ideológico, “defensa de los trabajadores” y en el práctico, mayor control político en las actuaciones de la Administración, así como medios económicos vía formación entre otros. Los empresarios, anclados en su mayoría en un pensamiento estatalista en el sentido de que el “papá” estado pague, no les importa engordar plantillas ineficaces a cambio de subvenciones. Y Ud. y yo, querido ciudadano, preparemos nuestros bolsillos para mantener mayor ineficacia.
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