Madridistan

¡Pues ya hemos empezado!, en la Cañada Real Galiana, zona donde viven mas de 10.000 marroquíes, por decir una cantidad ya que nadie sabe cuantos son, se ha producido la primera intifada en España. Con la excusa de oponerse al derribo de una vivienda ilegal, centenares, por no decir miles, de musulmanes se organizaron para tender una emboscada a la policía, policía que, una vez mas, no parecía tener la mas mínima información de lo que allí se tramaba y que aparecieron en escaso número, primero policías municipales sin medios antidisturbios y cuando éstos fueron atacados, llegaron en su ayuda algunos miembros de las Unidades de Intervención que, ignoro si por insuficiencia, incapacidad o desconocimiento, se dejaron emboscar por los neoterroristas marroquíes que a parte de obligarles a salir corriendo, ¡que espectáculo vimos en televisión!, tuvieron un número considerable de heridos, algunos graves.
Lo primero que sorprende es que se haya permitido crecer, tal como lo ha hecho, ese barrio, por llamarlo de alguna manera, donde se encuentra gran parte del lumpen de Madrid, miles de marroquíes, gitanos, rumanos, etc. la mayoría dedicado a negocios delictivos. No olvidemos que los incidentes en esa zona son frecuentes, recordemos los ataques y asaltos a los camiones de la basura. Lo segundo que parece insólito es que las Fuerzas de Seguridad no tengan información sobre lo que allí se cuece, lo que es sintomático de que esa zona está fuera del control del estado.
Lo tercero, la escasa capacidad de la Policía Nacional para actuar, pedir refuerzos y acabar con la revuelta. Lejos de eso, les vimos salir huyendo para no volver, lo que no se puede concebir más que como una victoria de los ilegales. No se si la culpa es de los mandos policiales o del Ministerio del Interior, pero alguien debería haber dimitido ya por ese ridículo espantoso que, además, manda un peligroso mensaje a la chusma: tenéis poder. Ese mensaje queda agrandado ante lo sucedido posteriormente, cuando al día siguiente se produjo una manifestación ilegal que llegó hasta la Junta de Distrito de Vicálvaro, marcha que, lejos de ser reprimida por las Fuerzas de Orden Público, es protegida hasta Vicálvaro a lo largo de la A3, con el consiguiente caos en dicha carretera, ¡fantástico!.Pero como las cesiones no eran suficientes, un juez suspende las demoliciones, el alcalde Gallardón decide crear una comisión para “encontrar soluciones” y la casa derribada ya está reconstruida, ¿dónde está la legalidad?. Para colmo de sarcasmo, algunos elementos de la “progresía” hablan de “excesos policiales”, ¡cuando es a los que les han partido la cara y han tenido que salir corriendo!. Por cierto, que no he oído ni al PSOE ni al PP decir nada en defensa de la legalidad y la restauración del orden supongo que, una de dos, porque no es políticamente correcto al ser moros los que atizaron a la policía o por miedo a que esos moros les pongan una bomba en salva sea la parte. En cualquier caso, el espectáculo ha sido clamoroso y, siendo el más espectacular, no es el único, pues pandillas de “jóvenes magrebíes”, verdaderos aprendices de terroristas, siembran el pánico en Lavapiés mientras las autoridades locales y nacionales miran para otro lado. Está claro que lo mismo que Londres se sorprendió un día con la cantidad de terroristas y simpatizantes que campaban por sus respetos en dicha ciudad y cuya actuación se ha plasmado en el control de numerosas zonas por los radicales y en los atentados efectivos o abortados, hasta el extremo de ser la capital conocida por Londonistan, en Madrid llevamos el mismo camino y, a no tardar, otras grandes ciudades españolas se van a encontrar igual. ¿Tendremos los ciudadanos legales españoles sufridores de impuestos para abono de tanto dislate y golfo que pagarnos también nuestra seguridad en vista de la inoperancia policial?, si es así exijo que se reformen las leyes para que pueda tener derecho a disponer de armas con que defenderme de la chusma, ya que los dirigentes a los que los españoles mantenemos con nuestro dinero no cumplen con su primera obligación: defender la legalidad y dar seguridad en libertad.