Desde hace meses el gobierno intenta que patronal y sindicatos alcancen un acuerdo que justifique las mal llamadas políticas sociales del gobierno, consistentes en un chorreo de dinero para causas diversas.
Desde los Pactos de La Moncloa, el diálogo social ha sido uno de los elementos vertebradotes de todos los gobiernos en relación a la economía y el bienestar social. Si aquello fue un acierto debido a las circunstancias del momento: crisis política, económica y social en plena transición democrática, no ha siso así en sucesivas ocasiones y, sobre todo, ha perjudicado a una parte sustancial de los españoles.
El poder concedido a lo largo de estos años a dos sindicatos izquierdistas y correas transmisoras de sus partidos, UGT del PSOE y CC.OO. del PCE cuando este existía y ahora, sobre todo con la llegada de Toxo a la Secretaría General, también del PSOE, condiciona la política económica y social de las empresas y de los gobiernos que actúan en función de la presión de los mismos y no de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos.
Las imposiciones sindicales, en muchas ocasiones, lejos de mejorar las condiciones laborales inciden negativamente en ellas, sobre todo en aquellos sectores donde los sindicatos no tienen su caladero de votos, es decir las pequeñas y medianas empresas, condenadas a tener que aplicar convenios sectoriales con unas condiciones que no pueden asumir, pero que favorecen a esa pequeña élite de trabajadores de las grandes empresas y Administración donde tienen su fuerza las dos centrales obreras.
Con la llegada al poder del Presidente Rodríguez, la situación se ha exacerbado, hasta el extremo de que los secretarios generales de las mismas han llegado hasta la amenaza al Parlamento si el mismo votaba medidas contrarias a sus intereses (discursos del 1º de mayo). Si a ello unimos el apoyo de Rodríguez, que las utiliza como ariete contra sus rivales políticos como ocurre en la Comunidad de Madrid o de Valencia, el poder de dichas centrales sobrepasa lo normal y lógico en un estado democrático.
A estas anomalías, debemos añadir la escasa representación real del movimiento sindical español, que no supera el 15-18% de afiliación y donde los trabajadores son manipulados por unas direcciones burocratizadas y parasitarias, basadas en los mas de 300.000 liberados, la inmensa mayoría de CC.OO. y UGT, que actúan como elemento de presión en empresas y administración.
Otro de los grandes fallos de nuestros sindicatos es su escaso apoyo a los parados, no solo porque se desentienden de los mismos, sino que con sus políticas, sobre todo en tiempo de crisis, coadyuvan al incremento del paro. Su empecinamiento en no debatir reformas laborales no tiene otro objetivo que no agitar a esos sectores donde obtienen sus votos, las ya mencionadas grandes empresas y Administración, que son las menos golpeadas por la crisis, olvidando a todos los demás que aportan el 80-85% de los parados.
La demagogia rodrigueril, unida a los intereses de las burocracias sindicales, a su vez bien acomodadas en el presupuesto que las dota generosamente como sabemos, junto a la debilidad de una patronal defensora, en el mejor de los casos, de las grandes empresas pero que también olvida a las demás, hace temer que el nuevo acuerdo, lejos de adoptar medidas realistas en defensa de la creación de puestos de trabajo y reactivación de la economía, opte, una vez mas, por el despilfarro subsidiario que, a la postre, lo pagaremos, sobre todo los trabajadores vía impuestos, ya sean directos o indirectos sin que sirva para reducir esa masa de parados ni para frenar la crisis, pues Rodríguez, Méndez y Toxo están por mantener sus poltronas y su poder y poco parece importarles los dramas de CUATRO MILLONES Y MEDIO DE PARADOS y sus familias, que son quienes están pagando los errores de ese mal llamado “pacto social”.
Desde los Pactos de La Moncloa, el diálogo social ha sido uno de los elementos vertebradotes de todos los gobiernos en relación a la economía y el bienestar social. Si aquello fue un acierto debido a las circunstancias del momento: crisis política, económica y social en plena transición democrática, no ha siso así en sucesivas ocasiones y, sobre todo, ha perjudicado a una parte sustancial de los españoles.
El poder concedido a lo largo de estos años a dos sindicatos izquierdistas y correas transmisoras de sus partidos, UGT del PSOE y CC.OO. del PCE cuando este existía y ahora, sobre todo con la llegada de Toxo a la Secretaría General, también del PSOE, condiciona la política económica y social de las empresas y de los gobiernos que actúan en función de la presión de los mismos y no de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos.
Las imposiciones sindicales, en muchas ocasiones, lejos de mejorar las condiciones laborales inciden negativamente en ellas, sobre todo en aquellos sectores donde los sindicatos no tienen su caladero de votos, es decir las pequeñas y medianas empresas, condenadas a tener que aplicar convenios sectoriales con unas condiciones que no pueden asumir, pero que favorecen a esa pequeña élite de trabajadores de las grandes empresas y Administración donde tienen su fuerza las dos centrales obreras.
Con la llegada al poder del Presidente Rodríguez, la situación se ha exacerbado, hasta el extremo de que los secretarios generales de las mismas han llegado hasta la amenaza al Parlamento si el mismo votaba medidas contrarias a sus intereses (discursos del 1º de mayo). Si a ello unimos el apoyo de Rodríguez, que las utiliza como ariete contra sus rivales políticos como ocurre en la Comunidad de Madrid o de Valencia, el poder de dichas centrales sobrepasa lo normal y lógico en un estado democrático.
A estas anomalías, debemos añadir la escasa representación real del movimiento sindical español, que no supera el 15-18% de afiliación y donde los trabajadores son manipulados por unas direcciones burocratizadas y parasitarias, basadas en los mas de 300.000 liberados, la inmensa mayoría de CC.OO. y UGT, que actúan como elemento de presión en empresas y administración.
Otro de los grandes fallos de nuestros sindicatos es su escaso apoyo a los parados, no solo porque se desentienden de los mismos, sino que con sus políticas, sobre todo en tiempo de crisis, coadyuvan al incremento del paro. Su empecinamiento en no debatir reformas laborales no tiene otro objetivo que no agitar a esos sectores donde obtienen sus votos, las ya mencionadas grandes empresas y Administración, que son las menos golpeadas por la crisis, olvidando a todos los demás que aportan el 80-85% de los parados.
La demagogia rodrigueril, unida a los intereses de las burocracias sindicales, a su vez bien acomodadas en el presupuesto que las dota generosamente como sabemos, junto a la debilidad de una patronal defensora, en el mejor de los casos, de las grandes empresas pero que también olvida a las demás, hace temer que el nuevo acuerdo, lejos de adoptar medidas realistas en defensa de la creación de puestos de trabajo y reactivación de la economía, opte, una vez mas, por el despilfarro subsidiario que, a la postre, lo pagaremos, sobre todo los trabajadores vía impuestos, ya sean directos o indirectos sin que sirva para reducir esa masa de parados ni para frenar la crisis, pues Rodríguez, Méndez y Toxo están por mantener sus poltronas y su poder y poco parece importarles los dramas de CUATRO MILLONES Y MEDIO DE PARADOS y sus familias, que son quienes están pagando los errores de ese mal llamado “pacto social”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario