El largo período de gestación de la financiación autonómica parece llegar a un fin más o menos esperado: Cataluña se llevará la parte del león, entre 3.600 y 3.800 millones de euros de los 11.000 totales, seguido de Andalucía. Las demás a repartir lo que quede.
El estado de las autonomías se ha demostrado como uno de los grandes errores de la Transición, no solo por que las regiones se han convertido en feudos de una casta política derrochadora e incapaz de cumplir el objetivo para que nacieron: acercar la administración a los ciudadanos y si en baronías cuasi independientes para perpetuarse en ese poder parasitario, sino también porque el coste del invento está llevando a la quiebra a España.
Pero esos males se agravan con la discriminación a favor de Cataluña, quién fraudulentamente, aunque con la aquiescencia del gobierno de Rodríguez, está aplicando un estatuto de, prácticamente, independencia pagada por todos los españoles. La fuerza del PSC dentro del PSOE y el ser, con Andalucía, el granero de votos socialista, hace que la capacidad de chantaje del gobierno catalán sea muy poderosa.
A ello se une la cobardía y servilismo del resto de las comunidades autónomas, que no se enfrentan al gobierno central rechazando los privilegios de Cataluña y exigiendo el equilibrio y la igualdad reconocida en la Constitución. Prefieren coger lo que les den para seguir gastando a manos llenas, no en gestionar eficazmente sino en aquellos gastos que les aseguren votos, como el caso del PER en Andalucía o Extremadura, para perpetuarse en las satrapías en que se han convertido las regiones autónomas.
La crisis del estado autonómico se refleja, entre otras cosas, en las desigualdades que se van acentuando entre unas regiones y otras, diferencias que se observan cada vez mas en temas como sanidad, educación, infraestructuras, etc., así como en el endeudamiento brutal de cada una de las regiones, deudas que tendrán que pagar los ciudadanos a los que machacarán a impuestos para seguir manteniendo el absurdo autonómico.
Pero quizás más grave que el tema económico, sea el enfrentamiento entre regiones e intracomunidades, sobre todo en aquellas donde existen una lengua propia, casos de Cataluña, País Vasco o Galicia. La persecución a que se somete al español en las mismas no tiene parangón, ante la pasividad de la sociedad española, por no hablar del gobierno.
Pero incluso en regiones donde esa diferencia lingüística no existe, los “piques” regionales se extienden, retrotrayéndonos cada vez mas a la exaltación del terruño frente al conjunto, recordándonos aquel absurdo cantonalista de la primera república.
Parece llegado el momento de enderezar la situación, frenando el absurdo autonómico. La sociedad española debe exigir firmemente a sus dirigentes que reconduzcan la situación de forma que la autonomía sirva a los ciudadanos, agilizando las gestiones, solucionando rápida y eficazmente sus problemas y no como palanca de ambiciones desmesuradas de políticos tanto en poder como en dinero. De no ser así, el futuro de España parece bastante complicado tanto en cuanto a su estructura como en su economía.
El estado de las autonomías se ha demostrado como uno de los grandes errores de la Transición, no solo por que las regiones se han convertido en feudos de una casta política derrochadora e incapaz de cumplir el objetivo para que nacieron: acercar la administración a los ciudadanos y si en baronías cuasi independientes para perpetuarse en ese poder parasitario, sino también porque el coste del invento está llevando a la quiebra a España.
Pero esos males se agravan con la discriminación a favor de Cataluña, quién fraudulentamente, aunque con la aquiescencia del gobierno de Rodríguez, está aplicando un estatuto de, prácticamente, independencia pagada por todos los españoles. La fuerza del PSC dentro del PSOE y el ser, con Andalucía, el granero de votos socialista, hace que la capacidad de chantaje del gobierno catalán sea muy poderosa.
A ello se une la cobardía y servilismo del resto de las comunidades autónomas, que no se enfrentan al gobierno central rechazando los privilegios de Cataluña y exigiendo el equilibrio y la igualdad reconocida en la Constitución. Prefieren coger lo que les den para seguir gastando a manos llenas, no en gestionar eficazmente sino en aquellos gastos que les aseguren votos, como el caso del PER en Andalucía o Extremadura, para perpetuarse en las satrapías en que se han convertido las regiones autónomas.
La crisis del estado autonómico se refleja, entre otras cosas, en las desigualdades que se van acentuando entre unas regiones y otras, diferencias que se observan cada vez mas en temas como sanidad, educación, infraestructuras, etc., así como en el endeudamiento brutal de cada una de las regiones, deudas que tendrán que pagar los ciudadanos a los que machacarán a impuestos para seguir manteniendo el absurdo autonómico.
Pero quizás más grave que el tema económico, sea el enfrentamiento entre regiones e intracomunidades, sobre todo en aquellas donde existen una lengua propia, casos de Cataluña, País Vasco o Galicia. La persecución a que se somete al español en las mismas no tiene parangón, ante la pasividad de la sociedad española, por no hablar del gobierno.
Pero incluso en regiones donde esa diferencia lingüística no existe, los “piques” regionales se extienden, retrotrayéndonos cada vez mas a la exaltación del terruño frente al conjunto, recordándonos aquel absurdo cantonalista de la primera república.
Parece llegado el momento de enderezar la situación, frenando el absurdo autonómico. La sociedad española debe exigir firmemente a sus dirigentes que reconduzcan la situación de forma que la autonomía sirva a los ciudadanos, agilizando las gestiones, solucionando rápida y eficazmente sus problemas y no como palanca de ambiciones desmesuradas de políticos tanto en poder como en dinero. De no ser así, el futuro de España parece bastante complicado tanto en cuanto a su estructura como en su economía.
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